Reconstitucionalizar la democracia.

16-Diciembre-2008 · Imprimir este artículo

Por Ximo Brotons

El presidente del Gobierno ha manifestado que las siguientes generaciones, incluida la suya, verán muy posiblemente la reforma de la Constitución de 1.978 (en adelante CE78). Pero el Presidente del Consejo de Ministros podría haberse esperado un poco, y no haber promovido y aprobado la reforma de los Estatutos de Autonomía en un sentido -y esto sin mencionar el caso del Estatuto de Cataluña- que Alemania e Italia han rechazado, y que sigue resultando inimaginable en Francia y aun en el Reino Unido. Podría haber acometido, con la ambición que dice haber tenido para al cabo vulnerar, en mi opinión, la Constitución del 78, la reforma constitucional verdaderamente pendiente aun desde 1.978: la del Senado.
El Senado podría ejercer, en efecto, como Cámara de representación territorial, podría ser la cámara de segunda lectura con veto cualificado para los asuntos de competencia autonómica o compartida, la cámara en la que el patrimonio plural de culturas de España (mencionado en el Preámbulo de la CE78) pudiera ser escuchado, atendido y debatido. Pero ahora mismo nos encontramos en una situación paradójica, o más bien absurda: en una especie de unicameralismo jacobino de tinte despótico en cuanto última ratio cuasi no deliberativa de los asuntos que previamente han sido abordados por los parlamentos autonómicos blindados no solo al Gobierno central sino también a sus propios municipios y ciudades. Más grave que la querella competencial es la vulneración de derechos constitucionales en algunas de estas comunidades, y su propósito, más bien delirante como vamos a ver, de soberanía compartida, y esto en el mejor de los casos.
El ilustrado español de la segunda mitad del siglo XVIII, Ibáñez de la Rentería, fue uno de los pocos en asumir ya entonces plenamente el significado de la democracia: “La excelencia de este género de gobierno está principalmente en ser más inmediato a su constituyente, que es la universalidad de los Ciudadanos, a quienes todo gobierno representa y en que cada Individuo con la capacidad universal para elegir los miembros de gobierno ejerce en algún modo por sí mismo la soberanía en esta continua creación. Por consiguiente este gobierno es más lisonjero al pueblo, más igual y más moderado, pero no carece de defectos” (citado por Mario Onaindía en su imprescindible libro La construcción de la nación española, pág. 238). Este significado y no otro es el que requiere a mi modo de ver ser reconstitucionalizado, aunque el Presidente actual nos haya ofrecido en verdad más dificultades que oportunidades de hacerlo bien, o incluso, en algún caso, y esto es lo más grave, simplemente de hacerlo, a falta de sentencia, cuando escribo esto, del Tribunal Constitucional.
El Senado fue uno de los puntos calientes del debate de los constituyentes de 1808-1812. Jovellanos era un firme defensor de su existencia. Un buen funcionamiento del Senado, hoy como entonces, hubiese permitido una efectividad sin malentendidos ni opresiones del término nacionalidad, que junto a las regiones aparece en el artículo 2 de la CE78 integrando la nación española. Como es sabido, el término nacionalidad proviene en la tradición española de la obra de Pi y Margall, cuyo problema fue mezclar a Proudhon con Hegel y dar pie a que un discípulo suyo, Valentí Almirall, fundara en Lo catalanisme el nacionalismo catalán, antecedente del vasco, con el nombre de particularismo. El sueño utópico de los Pi y Margall, Garrido y la primera generación del krausismo no tenía ninguna viabilidad: en EEUU el partido confederal había sido derrotado ya en 1861-65 en unas elecciones y en una guerra que refundaron la nación que hoy sigue siendo la más radical y admirable democracia del mundo entero. No sé por qué en España al confederalismo se le siguió llamando, aun en la 2ª República, federalismo, aunque ahora bien se le añade lo de asimétrico. Además, el primer proyecto de República implicó el asesinato de Prim, inaugurando una tradición que tambien se llevó por delante a Cánovas, a Canalejas, a Dato y en fin a la misma democracia española que a trancas y barrancas se había ido configurando durante todo el siglo XIX hasta la Constitución, restauradora de una monarquía parlamentaria, de 1.876.
Mucho se ha dicho en negativo de la llamada Restauración. Sin embargo, puso los cimientos de lo que podría haber sido una política española sin dictaduras en el siglo XX. Al asesinato de Cánovas cuando ya existía el sufragio universal masculino le siguió sobre 1.920 el de Dato, que finalmente antecedió a la dictadura obrerista de Primo de Rivera, y ésta a la República de los “trabajadores de todas las clases” que no aceptaron el primer cambio de gobierno del régimen. Sin duda la Restauración presentaba graves carencias, muchas de ellas como herencia histórica que la política española del siglo XIX surgida a partir de la Constitución de Cádiz había intentado amortizar de forma diversa. Entre ellas cabe destacar la principal, que aúna, más allá de la expulsión de los judíos y la Contrarreforma, la confusión del orden político con el religioso-eclesial producida por el fallido proyecto tardomedieval o protomoderno (según como se mire) de la monarquía hispánica universal, en tiempos de Felipe II, con la consiguiente ausencia de solidez en la revolución científica, tecnológica, económica y finalmente política en que consistió propiamente la modernidad europea y occidental a partir de 1.600.
No se trata de que España fuera católica, o tuviera que serlo, como aún prescribía la Pepa, ni que tuviera que dejar de serlo, como anunció Azaña. Tampoco de profesar la fe del vicario saboyano. Se trata de que las instituciones y la sociedad civil en general habían perdido el tren de la velocidad moderna. A principios del siglo XVI el Rector de Salamanca, Pérez de Oliva, publicó un Diálogo de la dignidad del hombre al modo del escrito años antes por el florentino Pico della Mirandola. No hay nadie durante todo el siglo XVIII en España ni en Portugal que escriba al modo de Locke o Voltaire una Carta de la tolerancia. Si se escribe sobre la libertad de conciencia o de culto se hace solo como “libertad de escribir” (Foronda), o bien más a menudo en su contra. Tampoco el proyecto de una academia de ciencias al modo de la Royal Society de Londres (creada en torno a 1.660) llegará a buen puerto sino ya en 1.840, y en forma tan rígida como para que a finales del XIX una figura como Cajal le pasara desapercibida.
Aun con todo esto, la Constitución de 1.876, obra política de un siglo que empieza en Cádiz después de haberle recortado las uñas a la Inquisición española durante la Ilustración (Voltaire dixit de la obra de Aranda), fue y sigue siendo digna de tener en cuenta. Las medidas de modernización incluyeron, a pesar del mercadeo turnista (práctica que cabe imaginar generalizada en todo el mundo occidental), el ya mencionado sufragio universal masculino en 1.890, y ya en el siglo XX: el ministerio de educación; un puñado de leyes laborales; la asunción del programa de derechos civiles elaborado en el siglo pasado; y también la creación de la Mancomunidad de Cataluña como un primer paso de descentralización autonómica y municipal en toda España.
Quedaba, por supuesto, el problema militar de un país que había dejado de ser una potencia internacional mucho tiempo antes de lo que él mismo estaba dispuesto a reconocer. Este problema, junto a los nacionalismos catalanista y vasquista, y la cuestión de la jefatura del Estado, desembocaron, en unos contextos de crisis mundial, en las dictaduras españolas de todos conocidas. Nuestra democracia actual empieza a padecer también serios y ya conocidos problemas, ahondados en la última legislatura del Presidente Rodríguez Zapatero, pero por fortuna, de momento, el contexto internacional es muy diferente. No solo existe la Unión Europea sino la hegemonía de los Estados Unidos de América. Nuestra Monarquía, por otra parte, parece haber entendido por fin, tras el largo periodo sin rey de la dictadura franquista, aquel lema del reino de Aragón que Spinoza decía admirar y mediante el cual era el pueblo el que venía a elegir al rey, otorgándole el visto bueno de forma condicional. Sin embargo, nunca está de más repetirlo: el Rey reina pero no gobierna. El Ejército, por su parte, va a la guerra si lo mandan las Cortes Generales, y si lo mandan éstas vuelve como se fue. Al pueblo no lo representa el Ejército, que lo defiende, sino el parlamento.
La Constitución de 1.978 puede seguir vigente durante muchos años. He hablado de la perentoria (aunque tal vez demasiado tardía) reforma del Senado. Podría ser una primera vía de reconstitucionalizar nuestra democracia, de democratizar nuestra vida en común. Otras materias también merecen ser revisadas, y aun desandadas: el poder judicial y la misma división de poderes, incluyendo a los medios de comunicación; el sistema de partidos y la ley electoral; el sistema de educación y formación en relación a nuestro modelo productivo de economía y a la calidad de nuestro conocimiento; la religión y su lento ajuste en el pluralismo moral de la sociedad; y en fin, la política exterior y nuestra relación con Suramérica. En aras siempre de una hispanidad cívica en el marco de una sociedad libre, recordemos para acabar las palabras de Spinoza en su Tratado político: “La democracia es la asociación general de los hombres que posee colegialmente el supremo derecho a todo lo que puede”.

Comentarios

1 comentario en el artículo “Reconstitucionalizar la democracia.”

  1. ximo brotons en 19-Diciembre-2008 6:21 pm

    -el de la foto es Argüelles, autor del Discurso preliminar de la Constitución de Cádiz y el que puede ser considerado primer presidente de un gobierno constitucional de España (1820).

    -para quien esté interesado:, un libro mío:http://www.bubok.com/libros/2042/idea-tragica-de-la-democracia-para-una-ciudadania-caosmopolita

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