Entrevista a Enrique Castro

Por María Rodríguez

“Nadie puede alterar el secreto de las comunicaciones sin resolución judicial”

Enrique Castro Rodríguez. Nacido en Barcelona un 24 de Agosto de 1963, reside en Santiago de Compostela desde 1994. Estudiante de Derecho en la UNED, trabaja en una multinacional del bricolaje. Ha sido dirigente político y sindical en Catalunya. Colaboró en distintos medios de comunicación como Diario de Sabadell y El Cerdanyola. Milita en el PSOE desde 1991. Es uno de los fundadores de Red de Blogs Socialistas. Tiene su bitácora http://enriquecastro.blogspot.com y en la actualidad es Secretario de innovación en la comisión ejecutiva de los Socialistas de Compostela.

¿Crees que la ausencia de control judicial directo sobre las trazas privadas mejorará la operatividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?

El reglamento nunca dice que las trazas sean privadas y estén al margen del control judicial. El capítulo II de dicho Reglamento lo que establece es la obligación de los operadores de Internet de disponer los medios técnicos necesarios, para establecer la traza, y la utilización de la misma siempre con mandamiento judicial, a agentes autorizados (que los mismos son siempre y exclusivamente miembros de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado). Este Reglamento se ampara en la Ley de enjuiciamiento criminal y otras Leyes orgánicas. Lo único que trata de corregir el Reglamento es precisamente facilitar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Un operador no puede difundir por ley, los datos relativos a sus clientes de forma unilateral, y menos aquellos que puedan atentar a su intimidad. Vivimos en un Estado de Derecho, no lo olvidemos.

¿No te da miedo que al no haber un registro de esos datos hayan fugas no controladas de información confidencial?

Establecer un registro de todos los datos que circulan por Internet, es una tarea arduamente difícil, por no decir imposible. Lo único que se plantea en este Reglamento es cubrir una laguna legal, y al tiempo un vacío técnico. Existen redes de ciber delincuencia en Internet, eso es algo que nadie discute, es un hecho que está ahí y la democracia debe abordarlo. Yo como usuario quiero sentirme más seguro, en la vida cotidiana en la calle, pero también en la Red. Si alguien utiliza la Red para realizar prácticas ilegales como redes de pederastas, tráfico ilegal de personas, u otras practicas similares, quiero que la Ley me ampare, y proteja a los ciudadanos y usuarios de Internet. Eso no resta en mis libertades, todo lo contrario.
No se están poniendo en cuestión las libertades de los ciudadanos, de las empresas, ni de las asociaciones, nuestro marco legal lo garantiza, y nadie puede saltarse dicho marco legal.

Lo que más me llama la atención de la campaña contra el decreto ley que autoriza la traza sin autorización judicial es que está encabezada por conocidos profesionales de la seguridad como Alberto Navarro y expertos en redes sociales como David de Ugarte. Hace unos días en Expansión, este último decía literalmente: “Pueden creerme. Me dedico profesionalmente a diseñar sistemas de proceso y análisis de redes sociales mediante traza pública y conozco su potencia. Sé cuanto más podría hacerse con las comunicaciones privadas y por ello me parece sumamente peligroso que pueda hacerse sin control judicial”.

¿Crees que los riesgos que señalan estos expertos se verán compensados por los resultados? ¿Crees que exageran los peligros?

En primer lugar, mi reconocimiento a ambos. Personalmente he seguido más en la Red a David Ugarte, es un ciberactivista por los derechos de los internautas, y muy conocido en la Red. Sus aportaciones al estudio de la movilización social que supusieron los tristes acontecimientos del 11-M en Madrid, son muy interesantes, dado que con aquella reacción social completamente espontánea, se puede hablar hoy de horizontalidad de la información frente a la hasta ayer verticalidad de la misma. Esa es su gran aportación (junto a Manuel Castells) al debate en la Red.

Lo que sucede, y ya hemos tenido ocasión de polemizar en la Red, es que la
Asociación de Internautas y David Ugarte se equivocan al mantener que no habrá control judicial. Eso es literalmente imposible. Nadie puede alterar el secreto de las comunicaciones sin resolución judicial, a riesgo de ser condenado por ello. Es más, si alguien, de forma anónima o no, y al margen de la autoridad judicial, utilizase la Red, ( u otros medios) para difundir datos privados, en primer lugar, con el Reglamento en la mano, la responsabilidad recaería en el operador de comunicaciones, y posteriormente en el sujeto, persona física o jurídica causante de dicha difusión ilegal.

Yo me sentiría más seguro con un Reglamento que me ampara de mis comunicaciones, y al tiempo obliga a mi proveedor de Internet, a que otros utilizando el mismo medio realicen actividades ilegales. Sin un Reglamento no me sentiría seguro.

¿Cuál sería el instrumento físico o técnico para averiguar quién pudiera vulnerar el secreto de mis comunicaciones? La traza. Por eso también es necesaria el establecimiento de esa traza, que es judicial. (Contrariamente a lo que expresa David).

Así que la traza, no debe verse como un instrumento de control contra los usuarios de forma indiscriminada, porque no es verdad. Es un instrumento legal del estado democrático, para los ciudadanos y no contra ellos. Y además, con el establecimiento de dicho Reglamento, lo que se hace precisamente es limitar los riesgos, dado que no existe mayor riesgo que aquel que no está protegido por ley.

España no es Tumbuctú… (y que me perdonen lo de allí) en la Red circulan todo tipo de ideas, opiniones de forma libre, sin que nadie haya puesto en cuestión la libertad de todos y de todas. Eso es algo de lo cual debemos congratularnos. No creo que estén en riesgo nuestras libertades, ni de difusión ni de pensamiento. Tampoco nuestra privacidad… no vamos a tener permanentemente a un agente judicial a la “escucha”… no creo que sea esa la intención. Reconozco que los temas jurídicos a veces (como es el caso) son susceptibles de desconfianza. Pero atención, no existe mayor peligro en una democracia, la no existencia de legislación en una materia tan sensible como la red de redes. Y legislar supone dar derechos, además de obligaciones.

En cualquier caso, lo altamente positivo de este debate, es precisamente la existencia del mismo. Esto hace dos o tres años, se nos hubiese tildado de poco más o menos de “agitadores sociales” (como sucedió con la LSSI del PP). El PP ha provocado y está provocando una especie de “trinchera” social. Es fácil desde los sectores más avanzados de nuestra sociedad caer en la trampa de la derecha, su concepción de la libertad (de la derecha política) estriba en que el mercado debe marcar las fronteras de la libertad. Los socialistas entendemos que la libertad es un bien en común, y como tal, debe protegerse por ley. La ley es igual para todos, y su cumplimiento también. El mercado establece por naturaleza la ley del más fuerte. ¿Tú qué eliges

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