El racismo, una pasión que viene de arriba

25-noviembre-2010 · Imprimir este artículo

Por generacion.net

Versión extractada del discurso del filósofo Jacques Rancière con ocasión del simposio Los romaníes, ¿y quién más?”, celebrado el pasado 11 de septiembre en Montreuil, cerca de París.

Me gustaría proponer algunas reflexiones en torno a la noción de «racismo de Estado» que se oponen a una interpretación muy extendida de las medidas adoptadas recientemente por nuestro gobierno, desde la ley sobre el velo integral hasta las expulsiones de los romaníes. Dicha interpretación ve en estas medidas una actitud oportunista que busca explotar los temas racistas y xenófobos con fines electoralistas. Esta pretendida crítica lleva implícita la presuposición que hace del racismo la reacción temerosa e irracional de las capas más retrógadas de la población. El Estado es acusado de faltar a sus principios al mostrase complaciente de cara a estos sectores.

Ahora bien, esta disposición adoptada por la crítica «de izquierdas», es exactamente la misma que aquella en cuyo nombre la derecha lleva promulgando desde hace ya veinte años toda una serie de leyes y decretos racistas: diversas molestias causadas por los inmigrantes y clandestinos pueden desencadenar reacciones racistas si no ponemos orden.

Se trata de un juego que consiste en dar a las políticas racistas de Estado una coartada antirracista. Va siendo hora de dar la vuelta al argumento, porque en realidad es la razón de Estado la que alimenta el racismo, confiándole la gestión imaginaria de su legislación real.

Hace unos quince años propuse el término racismo frío para designar este proceso. El racismo que hoy nos ocupa es, en efecto, un racismo frío, una construcción intelectual y una creación del Estado. La naturaleza misma del Estado es la de ser un Estado policial, una institución que fija y controla las identidades, los lugares y los desplazamientos, una institución en lucha permanente contra todo excedente del recuento de las identidades que gestiona. Este proceso se ha intensificado por el orden económico mundial. Nuestros Estados son cada vez menos capaces de contrarrestar los efectos destructores de la libre circulación de capitales, en tanto que no tienen el más mínimo deseo de hacerlo. Así las cosas, toman como objetivo específico el control de esa otra circulación, la de personas, y como meta general la seguridad de los nacionales amenazados por estos migrantes, es decir, la producción y la gestión del sentimiento de inseguridad.

De ahí se deriva un uso de la ley que cumple dos funciones esenciales: una función ideológica, que consiste en dar un cuerpo al sujeto que amenaza la seguridad; y una función práctica, que consiste en reordenar continuamente la frontera entre lo de dentro y lo de fuera, creando sin cesar identidades flotantes. Legislar sobre la inmigración ha significado crear una categoría de infra-franceses, hacer caer en la categoría flotante de inmigrantes a gente que ha nacido en Francia de padres nacidos franceses. Legislar sobre la inmigración clandestina ha significado hacer caer en la categoría de clandestinos a «inmigrantes» legales. Es la misma lógica la que ha ordenado la noción de «franceses de origen extranjero» y la que apunta hoy contra los romaníes, creando, contra el principio mismo de libre circulación en el espacio europeo, una categoría de europeos que no son verdaderamente europeos. Para crear estas identidades en suspenso el Estado no se sonroja ante sus propias contradicciones. Por un lado, crea leyes discriminatorias y formas de estigmatización basadas en la idea de la universalidad ciudadana y de la igualdad ante la ley. Pero por otro lado, crea en el seno de esta ciudadanía igual para todos, discriminaciones como la que distingue a los franceses «de origen extranjero». Así que por un lado todos los franceses son iguales, y ojo con los que no lo son, y por el otro no son todos iguales, y ay de aquellos que lo olviden.

Las últimas campañas racistas no llevan en absoluto la impronta de la extrema derecha llamada «populista». Han sido organizadas por una intelligentsia que se reivindica de izquierdas, republicana y laica. Se argumenta en nombre de la lucha contra el «comunitarismo», de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de la igualdad de género. Con esta forma de argumentar se pretende crear la amalgama entre migrante, inmigrante, retrógado, islamista, machista y terrorista para identificar al indeseable. El recurso a la universalidad opera en beneficio de su contrario: para establecer un poder estatal discrecional a la hora de decidir quién pertenece y quién no a la clase de aquellos que tienen derecho a estar aquí. Ese poder tiene su correlato en el poder de obligar a los individuos a ser en todo momento identificables, a mantenerse en un espacio de visibilidad integral frente al Estado. Vale la pena, desde este punto de vista, volver sobre la solución que el gobierno ha dado al problema jurídico planteado por la prohibición del burka. Era difícil hacer una ley que apuntara específicamente a algunos centenares de personas de una religión determinada, así que el gobierno hizo una ley que prohibía en general cubrirse el rostro en un espacio público. El pañuelo se convierte así en el emblema común del musulmán retrógado y del agitador terrorista. Para esta solución, adoptada (como muchas otras medidas sobre la inmigración) con la benevolente abstención de la «izquierda», es también el pensamiento «republicano» el que ha dado la fórmula.

Mucha energía se ha gastado contra una cierta figura del racismo –la que ha encarnado el Frente Nacional– y una cierta idea de este racismo como expresión de los “white trash”, blancos xenófobos de las capas sociales atrasadas. Una buena parte de esa energía ha sido recuperada para construir la legitimidad de una nueva forma de racismo: un racismo desde arriba.

Traducción: Álvaro García-Ormaechea

Vía | MediaPart

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