El control del déficit público

14-enero-2012 · Imprimir este artículo

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Tras mucho tiempo donde se exhibía la defensa del gasto público para reactivar la economía, hemos llegado a una situación en la que se impone el control del gasto público. Ahora estamos ante una realidad donde se observa el efecto distorsionador y peligroso de los déficits sostenidos.

La relación de apasionados defensores del gasto publico sería muy extensa. Si Dorothy Pickles afirmaba que “nada triunfa tanto como el éxito”, también se podría decir que nada atrae más apoyos y simpatías que realizar el gasto público. Al gasto público no le han faltado nunca verdaderos entusiastas. Y no era sólo patrimonio de una posición política. Sería una reducción injusta relacionar el afán por el gasto sólo con una posición política o ideológica.

El problema del gasto público recuerda algo que contaba Anatole France con sentido del humor, lo que le ocurrió a la bella Analise de los Goncourt, que fue a inscribir su matrimonio en el registro civil y el funcionario que la atendía le preguntó el nombre del novio. La bella Analise respondió con ingenuidad, «¡Ah!, ¿pero eso no lo pone la municipalidad?»

Los excesos y descontrol del gasto nos han traído a una situación en la que es imposible mantenerlo. Como decía David Hume, “La causa más simple y mas obvia que puede asignarse a un fenómeno es probablemente la verdadera”. Resulta llamativo que muchos que han exhibido su pasión de gasto público con proyectos faraónicos e innecesarios, ante la realidad adversa, crítica y peligrosa que vivimos no tienen el coraje de decir “sí yo también impulsé tanto despropósito”. Los errores en la política nunca parecen tener paternidad conocida.

Los que antes eran firmes defensores del gasto público guardan un discreto silencio. Lo que demuestra que es más práctico y realista juzgar las posiciones políticas por sus hechos. Y la cuestión de la proclividad al gasto público es una nota reveladora de las verdaderas pasiones políticas que se mueven. Platón y Aristóteles ya advertían de los peligros de los demagogos. El gasto y su defensa es un factor distorsionador de las posiciones políticas, ya que permite encubrir bajo su manto la realidad efectiva de la posición política.

Han sido muchas las pasiones que ha levantado el gasto público. Como es natural, con tantos partidarios, fue en aumento con gran rapidez hasta convertirse en un gran problema. Pero lo que no se ha realizado a través de un efectivo control del gasto en una vida económica sana de un Estado, ahora hay que hacerlo con cirugía, en momentos de peligro para la economía nacional. Con medidas drásticas que causan crisis, angustia y que pueden provocar respuestas sociales. Es un problema que no sólo lo padece España, lo que no es precisamente un motivo de consuelo. La sujeción del gasto público recuerda el mensaje que con frecuencia repetía Adolfo Suárez cuando era presidente del gobierno y que consistía en “hacer normal en la política lo que es normal en la sociedad”. Parece natural que el control que ejercen los ciudadanos sobre su gasto lo ejerzan las administraciones públicas sobre el suyo. Porque el futuro puede venir condicionado por los excesos del presente, como nuestro presente ha sido consecuencia de los errores y los aciertos del pasado. Pues resulta evidente que las actuaciones que cada ciudadano y cada familia realizan para el control de la vida, el Estado las elude con absoluta impunidad, aunque dejen arruinada a una o varias generaciones. Es evidente que era necesario someter al Sector Público en sus distintas administraciones a un control exhaustivo del gasto público. Sean los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas o el Estado. Se ha dado un paso importante en este sentido con la reforma de la Constitución Española para el control del Gasto y del Déficit, pero es muy posible que no sea suficiente.

El Estado como Cerebro de la Sociedad en la Teoría Organicista

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX la teoría orgánica analizó la hipótesis de un supuesto muy singular, el del suicidio del Estado. Partían de asemejar el organismo fisiológico con el organismo social y político. Aquella teoría tuvo diversos defensores que analizaban el objeto de estudio desde perspectivas muy diversas, como la sociología, la psicología, la física, la biología o la economía. Se trataba de equiparar el funcionamiento de la sociedad y el Estado con el organismo físico o biológico. La “analogía”, como la denominaban los organicistas, era analizada desde muy variadas perspectivas. Y fueron muchos los autores que abordaron los distintos supuestos de la llamada sociedad según el organicismo. Algunos destacados representantes fueron Burke, Savigny, Ward, Bagehot, Tarde, Spencer, Novicow, Lilienfeld, Jager, Bordier, Huxley, Fichte, Schelling, Krause o Giddings, entre otros muchos autores. El sentido que tuvo la teoría orgánica fue corregir la teoría del pacto social en el siglo XIX, según lo apreció Santa María de Paredes. El organicismo se manifestó como una protesta frente al atomismo individualista, se mostró como oposición a una concepción idealista de la vida y de la Ciencia. Así, por ejemplo, Litttré efectuaba y valoraba las diferencias entre los organismos físicos y sociales respecto a la duración de la vida, porque el ser físico tiene vejez y muerte, mientras que afirmaba que el ser social es perpetuo, no le alcanza ni la vejez ni la muerte. Lo afirmaba con claridad: “El individuo perece y la sociedad no”. Litttré también se refería al mantenimiento de lazos morales aun en situaciones cambiantes. Por ejemplo, al lazo que unía a una madre con su hijo por encima de la distancia que los separase. Y se refería a una “comunidad de fin”, que estaba por encima del espacio y del tiempo. Por su parte, Fouillée, afirmaba que lo que importa es la fuerza del lazo.

Uno de sus más destacados defensores fue Burke y éste expresaba el sentido de la teoría orgánica de forma clara y concisa: “la sociedad es la asociación, no sólo de los que viven, sino de los que han muerto y de los que aun no han nacido, un ser misterioso cuyas partes están unidas entre si por lazos morales invisibles”. Describía así una sociedad intangible a la que se salvaguardaba de que los miembros –por supuesto vivos- de una sociedad decidieran por si y ante sí.

Por su parte el sociólogo ruso Novicow aportó un supuesto de interés para la concepción orgánica: Las sociedades tienen un organismo de dirección (función de mando). Con ese planteamiento se incorporaba un cierto componente elitista. Novicow decía que los neozelandeses y los ingleses forman hoy parte del mismo organismo social, aun estando, como se sabe, a una gran distancia. También este mismo autor afirmaba que dos sociedades separadas en el espacio pueden mantener perpetuas relaciones unas con otras, lo que consideraba una circulación vital, esto es, venía a significar la unidad orgánica.

Dentro de la teoría orgánica se dieron una serie de equivalencias, como situar al Gobierno como una élite. En esa concepción la función de la minoría (también llamada élite o “crema”) cumpliría la función del cerebro de la sociedad orgánica así considerada. Aparece de nuevo un aspecto elitista dentro de la teoría orgánica. Dentro de esa lógica, la minoría social ejerce la función de cerebro. Pero el supuesto no se puede pasar por alto, ni desdeñar su valoración. Posee una gran importancia porque, en la relación del cerebro con el resto del cuerpo, la función cerebral es decisiva, hasta el extremo de que no se puede mover una extremidad sin que sea con la orden del cerebro. Se trata de una asimilación gruesa -sin duda-, pero que guarda un principio de orden y obediencia inesquivable. Se trata de un poder irrefrenable. Hasta el extremo de resultar irresistible. Es el cerebro quien dirige al organismo en su totalidad. Cada miembro o parte del cuerpo no posee autonomía ninguna dentro del cuerpo. Se impone por lo tanto una relación de orden y obediencia hasta el menor de los extremos. La teoría orgánica resaltaba la relación de mando hasta una obediencia sin resistencia alguna, un poder omnímodo. El cerebro cumple una función de mando y de coordinación hasta en los menores detalles. No existe capacidad autónoma alguna. En España, por ejemplo, Antonio Goicoechea afirmaba la comparación de la función del cerebro con la que ejercía la minoría social. Se refería a la relación entre el cerebro y el cuerpo. Se trataba de una analogía, pero era una analogía muy significativa, porque demostraba la relación de mando y obediencia entre el cuerpo y el cerebro. Venía a afirmar que la relación de mando y obediencia es superior en el cuerpo, porque el cerebro ejerce una función de mando sobre los miembros mucho más potente sin duda que una élite con el pueblo. Y especificaba que “el Estado no es al cuerpo social lo que el cerebro es al individuo”. El propio Antonio Goicoechea afirmaba que esa asimilación entre el cerebro y el cuerpo social es de las más groseras.

Si trasladamos esta función de la teoría orgánica al campo de la política y se la compara con una dictadura, deja a ésta como una relación ventajosa respecto a la tiranía impuesta por el cerebro sobre el cuerpo. Se trata de una relación de mando y obediencia sin límite alguno. La simple mención tiene un alcance político trascendente fuera del organicismo. Desde esa perspectiva de concentración de las funciones de mando, hasta ese extremo, permite considerar cualquier dictadura de forma más benévola o flexible. Huxley decía que “si la comparación entre el cuerpo político y el fisiológico tiene algún valor, de ella se deduce una intervención del gobierno mil veces mayor que la que hoy existe”.

La comparación es verdaderamente terrible. Se trata de un supuesto que facilita considerar a cualquier función política de mando y obediencia desde unos supuestos menos rígidos. Situados en ese extremo, cualquier concentración de poder, por brutal que sea, puede tener poros más flexibles y benévolos. La teoría orgánica así considerada aportaba un supuesto que trasladado al ámbito de la política podía presentar un balance que frente a la tiranía del cerebro pudiese considerarse de forma benévola. La posición de la teoría orgánica permitía una gruesa asimilación: el cerebro dirige al cuerpo como la élite a la sociedad. La comparación es terrible.

La teoría orgánica llegó a considerar plausible comparar el trabajo de los centros nerviosos del cuerpo humano con las investigaciones de los pensadores y de los sabios: “El lento trabajo de los centros nerviosos equivale a las pacientes investigaciones de los pensadores y los sabios”. Era todo un ejercicio de exhibición de un elitismo tosco y burdo. Dejaba al lado, sin consideración alguna, la existencia de la libertad, como si no fuese un aspecto decisivo al considerar la vida humana. Resultaba evidente que desde tales parámetros, cualquier comparación con una dictadura era beneficiosa para tal supuesto. Asignaba dos funciones: la fuerza y la dirección. Como era de esperar, la fuerza la aportaba la mayoría y la dirección la minoría. Esa “dirección” no era otra cosa que la élite o cerebro. Ante tal supuesto, cualquier dictadura puede ser considerada como más permisiva y flexible. Porque el supuesto se fue a colocar en el máximo de concentración de poder. Desde ese extremo hipotético no es realista la valoración de un régimen político. Porque el supuesto es un extremo verdaderamente brutal.

El supuesto del suicidio del Estado

Dentro de los campos de estudio a los que se aplicó la teoría orgánica se llegó a considerar la diferencia de la duración de la vida entre los organismos físicos y sociales, como hiciese Littré. La aportación era importante para el organismo social porque, según la consideración de este autor, el organismo físico poseía entre sus características la consideración de la vejez y la muerte. La duración de la vida es un parámetro que forma parte inexorable del ser vivo. Pero no así en el ser social. Exceptuando situaciones extremas, como la aportada por Esparta, donde prefirieron la muerte antes que la esclavitud. Siendo realistas, son muchos los pueblos que han preferido la esclavitud. Y muchos más los que han preferido situaciones intermedias. Otros, por ejemplo, han preferido la concepción de la democracia semántica, como si en esta materia tan nombrada no fuese evidente que la democracia es un producto institucional de paternidad inequívocamente norteamericana, como bien pudo comprender Tocqueville, al darse cuenta de un hecho nuevo que nada tenía que ver con la democracia directa propia de la antigua Grecia, sino con la democracia norteamericana representativa.

El supuesto de la duración de la vida trasladado a una sociedad con su respectivo Estado no permite jugar con la hipótesis de la muerte o suicidio de la sociedad y su Estado. No es preciso remontarse a un supuesto de la historia antigua, basta considerar cómo las sociedades, si no están gravemente afectadas por alguna extraña enfermedad que las haga preferir la muerte, buscan la mejor defensa de su existencia. Según Hume, “La seguridad del pueblo es la ley suprema. Todas las otras leyes particulares están subordinadas a ella y dependen de ella”. Podríamos considerarlo como una disposición natural del individuo y de la sociedad cuando no están afectados por alguna grave patología. Lo natural es la defensa de la vida en toda su extensión, de la individual y de la colectiva. Pero, además hay que considerar que un organismo sano y una sana sociedad quieren vivir y además aspiran a una buena vida. Todo Estado, por motivos existenciales, se procura la seguridad de su existencia y no se deja arrastrar a la indefensión poniendo en riesgo su vida. Su seguridad es una razón vital de primerísimo orden. Se puede tener gran confianza en la razón y en la voluntad humana para entenderse y poder convivir en paz, pero sólo un pacifismo malentendido puede dar la espalda a la seguridad y a la posibilidad de conflicto que se halla en la naturaleza humana. Y ésta como se sabe, por desgracia, es resistente a la razón, por lo cual conviene asegurar la paz aceptando que pueden existir conflictos que no puedan ser resueltos por vías pacíficas.

La credibilidad de los recortes del Gasto

El supuesto extremo de una guerra resulta hoy, por fortuna, una hipótesis remotísima dentro de Europa. Y a este respecto hay que recordar que Europa fue vacunada de forma terrible contra la guerra, por haber padecido en el transcurso del siglo XX dos guerras mundiales muy crueles. Pero los peligros para la vida de una nación o unas naciones-como es el caso de Europa- no sólo proceden de conflictos militares, sino de problemas que sin llegar a tales extremos pueden poner en peligro la vida buena a la que aspira una sociedad sanamente constituida. Nos referimos a los peligros de crisis económica provocada por un gasto excesivo de las administraciones públicas. Máxime cuando las naciones europeas como España se han incorporado a la moneda común y no pueden apelar a su propio banco emisor para efectuar una devaluación que posibilitase mantener el volumen de la deuda de las Administraciones Públicas. Ante esa realidad, el principio de necesidad obliga a mantener un control firme de la deuda y a no gastar más de lo que se ingresa. Aunque se pueden considerar situaciones excepcionales que pueden requerir, en momentos extraordinarios, un aumento de la deuda. Para ello se debiera requerir un posible aumento de la deuda con un acuerdo amplísimo de la clase política.

En lo que respecta al control del Gasto, el Estado y sus diversas Administraciones tienen que estar sometidas al imperativo económico. Y hoy, nos guste o no, no se puede mantener la tendencia al gasto como se ha mantenido hasta ahora, porque la realidad es distinta y no existen los mecanismos y recursos de antaño. Parece una nota de sentido común para la salud de cada miembro de la sociedad, como para el Estado, en lo que atañe a la vida pública. Y en esto no hay que llamarse a engaño, ni disimular la realidad, porque a nadie le gusta ceñirse a una disciplina estricta que se acomode a su situación presente. Pero los peligros tienen que ser superados, porque es un imperativo vital que es preciso afrontar con realismo. Es fácil reconocer que no es una tarea grata, Y en esa tarea no aporta nada una confrontación de reproches. Porque, además en todos los partidos políticos existen más o menos entusiastas del gasto público. Pero es deseable que impere el realismo y postergar las críticas para momentos más favorables. La demagogia sin gasto tiene en peligro su existencia.

En materia política hay que distinguir los deseos de las realidades, de las buenas razones, porque priman los intereses y éstos dejan naturalmente su huella. Por eso no es fácil que sea aceptada la reducción del déficit de las Administraciones Públicas. Son muchos años los que se han dedicado a practicar un gasto excesivo y algunos, como ha dicho Miguel Roca, han llegado a considerar que dicho control del déficit rompe el acuerdo de la Transición. Porque los pactos de gobierno, cuando es preciso un acuerdo para complementar una minoría, se facilitan extraordinariamente acudiendo al aumento del déficit para satisfacer las demandas del partido que presta su apoyo. Es el intercambio del apoyo a cambio de la contrapartida en beneficios económicos. Recuérdese la cesión del 15% del IRPF a las Comunidades Autónomas en 1993 como exigió CiU. Tres años después, en 1996, el precio que exigió CiU fue mucho mayor, pasando del doble. Y naturalmente la presión de la necesidad hizo su efecto de nuevo. Pero esa realidad debiera evitarse cambiando las reglas de juego para acabar con la compra-venta del apoyo a cambio del gasto público. Los grandes partidos saben el problema y lo han tenido que soportar cuando se han quedado sin alcanzar la mayoría absoluta. Es decir, que con dinero de todos se ha pagado un apoyo político que es de parte.

Esa realidad es conveniente superarla con una reforma adecuada de la Constitución que evite que la mayoría se alcance pagando el apoyo exigido por grupos minoritarios. Sea en partidas presupuestarias o en otros aspectos, que pueden ser más costosos en otras materias al margen de los presupuestos. El principio político que se aplica para los pactos es simple y conocido: “lo que pueda pagarse con dinero, páguese con dinero”. Ese problema no aparece en condiciones de mayoría absoluta, pero cuando surge la mayoría relativa el partido que ha ganado las elecciones queda pendiente de poder gobernar si no obtiene el apoyo de algún grupo minoritario, que naturalmente pone un precio de mercado muy alto dictado por la necesidad política. Ese tipo de problemas no sólo es conocido por los partidos políticos, sino que los dos partidos mayoritarios han sufrido las consecuencias del lema exhibido por CiU en 1993, (“Ara decidirem”). Y en efecto, ambos (como se dijo entonces) tuvieron que «pasar por el aro», el PSOE en 1993 y el PP en 1996. Sería muy conveniente cerrar la brecha constitucional a ese tipo de acuerdos que permiten jugar con la economía y con la transferencia de competencias para satisfacción de pequeños partidos que no pueden soñar con ganar unas elecciones sino que su sueño se cifra en hipotecar al partido que ha ganado sin alcanzar la mayoría absoluta. En definitiva, su triunfo y aspiración consiste en ponerle precio al apoyo parlamentario que prestan. Que no es sólo un precio económico, sino que alcanza a otras medidas políticas como la transferencia de competencia o la eliminación de leyes bajo el imperativo del deseo de pequeños partidos que obtienen el beneficio vendiendo su apoyo a través de medidas políticas de su interés. Esa brecha debe ser cerrada porque es radicalmente antidemocrática. Y ahora, además, puede poner en riesgo la estabilidad presupuestaria y el gasto público. El líder de CiU Durán y LLeida ha comprendido y expresado con toda rapidez que el control del déficit por la reforma constitucional efectuada este verano pone en cuestión los acuerdos de la Transición. Pero el Sr. Durán no dice que aquellos acuerdos elevaron el gasto a las nubes y que hoy serían imposibles porque estamos en el Euro y no disponemos del Banco Central para efectuar las devaluaciones que nos vimos obligados a realizar. Los tiempos de la llamada Transición han pasado hace muchos años. Tenemos las consecuencias delante con sus peligros correspondientes. Ante esta situación y el cierre, al momento presente, de la vía de los incrementos presupuestarios para pagar los apoyos políticos, es muy posible que se prosiga la escalada independentista, como apuntan los discursos nacionalistas.

La Disyuntiva sobre el recorte del Gasto

En un momento de crisis como el presente, es conveniente reflexionar sobre aquellas partidas del gasto que pueden suprimirse. Pero no se debe olvidar, como apuntase Olson, que la política es la política. Y una cosa es recortar prestaciones del Estado, y otra reducir el gasto de las instituciones políticas. El análisis de la política no puede permitirse frivolidades en el análisis. De momento no podemos saber qué se hará con el recorte del gasto público, ni hasta dónde se desarrollará. Pero es evidente que los recortes tienen un amplio espectro de posibilidades.

La sociedad política y sus actores no tienen por qué quedarse fuera de las necesidades a las que se ve sometida la sociedad. No parece probable que se vaya a operar un recorte profundo del gasto que afecte a la estructura política del Estado. Con una mínima dosis de realismo se puede afirmar que se efectuarán los recortes que afecten a la sociedad que se consideren necesarios, pero no así a la sociedad política.

En otra crisis anterior Felipe González defendía que había que realizar reformas porque había que reducir la “grasa” del Estado. Era todo un concepto singular y divertido el del «Estado graso», pero cuesta mucho pensar que se operaría un recorte efectivo que redujese el gasto público de una manera eficiente y profunda, reduciendo en verdad gastos superfluos que hoy no tienen sentido. Por ejemplo los siguientes:

-Se podría cuestionar el mantenimiento del Senado. Como es natural requeriría una reforma de la Constitución. Y no se trataría de un capricho, ni de una crítica falaz porque se puede incluso reconocer que el Senado ha aportado tiempo para una reflexión más pausada, porque hay que reconocerle que introdujo reformas necesarias y que ha podido aportar reflexión para incorporar una legislación mas estudiada.

-La organización de la forma de Estado también podría ser reformada. Porque más de treinta años después de ser fletada sigue presentado problemas. Y, cuando menos, reducir las Comunidades Autónomas Uniprovinciales. Quizá podría entenderse la especificidad de Navarra, pero no parece que la clase política se halle inclinada a realizar reformas que reduzcan el gasto de la Forma de Estado adoptada, aunque sería muy conveniente una racionalización de esta materia tan lejana a la razón y tan cercana a los intereses políticos de los partidos que la han creado. En este aspecto se puede recordar que un partido como el PSP se refería a Madrid como “Madrid-región”. Aun un partido en la clandestinidad no concebía otra posibilidad que una región. Nadie en el PSP hubiese podido prever que se convertiría en una llamada Comunidad Autónoma. La realidad actual sería impensable para aquellos miembros del PSP.

-Se podría eliminar el gasto público que provocan los partidos políticos y los sindicatos. No es preciso discutir sobre si en algún momento pudo ser necesario o no financiar los partidos políticos y los sindicatos. Hoy, tanto unos como otros, se hallan en una situación de normalidad. El principio es muy simple y claro. Militar en un partido es una libertad que debe ser pagada por las cuotas de los militantes. El primer principio de una organización política sería la de vivir bajo sus propios ingresos procedentes de aquellos que libremente deciden militar en un partido. Pero resulta un exceso sin sentido que los ciudadanos tengan que pagar organizaciones en las que no están insertos. El principio vital de una organización política es la de vivir de sus propios ingresos. Porque se trata de una libertad que no tienen que pagar quienes no están asociados a ellos. Es una antigualla que no se puede defender hoy, como es la de los partidos de Estado, mantenidos por los presupuestos públicos. Quienes ejercen la opción de militar en un partido son quienes tienen que sufragarlo. Es una “grasa” –como dijese González- que se puede reducir con toda tranquilidad.

-Los sindicatos no tienen qué seguir estando subvencionados por el Estado. Cada trabajador tiene la libertad de sindicarse o no. Pero en esta materia, como en el caso de los partidos políticos, son las personas asociadas a un sindicato quienes tienen que sufragar los gastos del sindicato. Son sindicatos de clase rentistas del Estado. Son una especie de nuevos señoritos. Tantas críticas que alumbraron los llamados sindicatos verticales, y hemos llegado como sublime modernidad a los sindicatos de Estado pagados y mantenidos por el Estado. Toda una situación que puede ser reformada para atajar un gasto que es completamente innecesario. Hoy no hay que dar a conocer a los sindicatos, son sobradamente conocidos y va siendo hora de que se sufraguen por las cuotas de sus afiliados. Nicolás Redondo decía de los sindicalistas que “quien más y quien menos, tenemos callos en las manos”. A lo que el magistrado Joaquín Navarro respondía con sentido del humor diciendo: “será de aplaudir”. Los sindicatos son libres de aplaudir a quien estimen oportuno, ejercer la crítica que mejor consideren u organizarse según les permite la legalidad que les concede amplia libertad. Pero también debían pensarse que no tiene que salir de los bolsillos del contribuyente el mantenimiento de los mismos. Además, siendo sindicatos, parece absolutamente lógico que vivan de su trabajo, no del dinero del contribuyente.

-Se podría reformar la Constitución para eliminar el Tribunal Constitucional, que sólo tuvo el precedente de la Segunda República como salvaguarda de las “garantías constitucionales”. El Tribunal Constitucional se estableció en la Constitución por importación de una fórmula extranjera y por desconfianza a la posición ideológica de los jueces del Tribunal Supremo a la hora de aplicar la Constitución. Si se pretendiese ahorrar en verdad en materia que afectase a la política y sus intereses, se podría suprimir el Tribunal Constitucional incorporando una Sala de lo Constitucional en el Tribunal Supremo. Se volvería de esa forma a la tradicional fórmula jurisdiccional ejercida por el Poder Judicial, culminando en el Tribunal Supremo aunque, a pesar de su denominación, de hecho es el Tribunal Constitucional el verdadero Tribunal Supremo. Terminando con las incompatibilidades de jueces y magistrados que no todas ellas operan en el Tribunal Constitucional.

Es evidente que se pueden efectuar recortes, pero para ello es preciso una voluntad política que antes de recortar prestaciones del Estado empiece por eliminar gastos superfluos. Éste es, en mi opinión, el verdadero test de la credibilidad política, y si no se cumple es posible que nos veamos inmersos en conflictos que tengan su pálpito en la calle. Ya se pueden leer en la prensa comentarios como este: “Tampoco es recomendable presentarse ante la opinión pública con recortes en la sanidad o en la educación sin haber agotado antes todas las dietas de adelgazamiento de la Administración. Lo anterior sirve para Mas y para Rajoy. Los ciudadanos entienden bien la necesidad de recortar gastos públicos; pero entienden todavía mejor que la tijera debe respetar prioridades”. Lo que de verdad entenderían los ciudadanos que están soportando tan dura crisis es que los poderes públicos dieran ejemplo. Que se redujesen un porcentaje de los sueldos, que devolviesen ordenadores y teléfonos móviles y se pagaran los suyos. Que fueran en sus coches particulares o en transporte público. Que usasen la sanidad pública y supieran como funcionan las ambulancias. Esto evitaría discursos explicativos y se entendería a la perfección. La necesidad sería creíble y la dimensión de las medidas demostraría la voluntad de repartir las cargas económicas de manera razonable y que por añadidura evitarían conflictos innecesarios. Tenía razón Thomas Paine cuando afirmaba que “el sistema está mejor respaldado mientras mejor se le entiende”.

CONCLUSIÓN

Es una referencia clásica afirmar que de falsos bienes pueden sobrevenir verdaderos males. Ahora nos encontramos con sus efectos y es lógico que la clase política, que ha sido la responsable de haber llegado a esta situación, debata sobre la responsabilidad por lo que se ha hecho. Pero no se debiera de olvidar que la sociedad no es culpable, y que sería una injusticia añadida que la clase política no aporte el ejemplo para hacer creíble la necesidad de recortes presupuestarios con el correspondiente reparto de las cargas. Sería lógico que empezase la clase política a dar ejemplo y abandonar los gastos y privilegios que pagan los ciudadanos. Sería un factor muy positivo que facilitaría extraordinariamente el apoyo de la sociedad a las reformas que se precisan. Y no sólo ayudarían a hacer creíbles los sacrificios en forma de recortes económicos presupuestarios, sino que colaboraría a desarmar la crítica creciente y la injusticia de que exijan sacrificios quienes no dan ejemplo reduciendo los gastos innecesarios, como los que se pueden señalar. El contraste de las restricciones sobre la sociedad con el mantenimiento de gastos injustificados de la política puede aportar una mayor tensión, que puede evitarse realizando las reformas políticas que supriman gastos innecesarios. Éste sería un dato muy favorable en los tiempos de crisis que vivimos. No se debiera de olvidar que el cálculo político de que la sociedad aguanta todo puede provocar conatos de respuesta inesperada. Y la política debe evitar los conflictos innecesarios. Sería deseable que no apareciesen problemas añadidos, ya bastante tenemos con la espada de Damocles sobre nuestra cabeza, pero también es cierto que una sociedad que se ha dejado golpear en sus intereses mas directos durante tantos años es muy difícil que reaccione. Resulta esperable que las reformas no alcancen los intereses de los políticos, y también es esperable que surjan reacciones de crítica ante esa situación injusta. Veremos si la política tiene la inteligencia y el aprecio por la justicia suficientes para evitar situaciones de tensión añadidas. Se trata de un buen deseo. Somos conscientes de ello. Pero hay que ser conscientes también de que lo que mueve la política son los intereses, y estos tienden a realizarse con mayor facilidad cuando el ejercicio de su poder sobre la sociedad se ha ejercido con gran éxito para los intereses políticos, aunque fuera al alto precio de tener que soportar graves crisis. Es un principio conocido en la física cuando se afirma que todo cuerpo sometido a una fuerza tiende a conservar su dinamismo siempre que otra fuerza no le obligue a cambiar la trayectoria. “La política es la política”, dijo Olson, y no se equivocaba. Teniendo un mínimo de realismo, nada apunta a que la clase política vaya a proceder a efectuar recortes que afecten a sus intereses. Tampoco se puede esperar una resistencia sólida por parte de la sociedad que demande una carga equilibrada para salir de la crisis.

El deseo, por espléndido que sea, no cotiza en la política. Sería muy extraño y singular que se actuase en contra de la trayectoria. Desde ésta, el pronóstico no puede ser muy alentador, aunque sería magnifico equivocarse, me gustaría profundamente cometer ese error.

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